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Ley 30/1979

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LEY 30/1979
EL DECÁLOGO LEGAL
Por Daniel Blanco


El 27 de octubre de 1979, con un país acostumbrándose aún a la democracia,
el Congreso de los Diputados aprobó un extenso texto para regular la actividad
trasplantadora en España. Era una ley moderna, valiente y visionaria, tanto, que
sigue en plena vigencia treinta años después. Se posicionaba con contundencia ante
los asuntos más comprometidos: la muerte cerebral, las garantías de confidencialidad
del donante y el receptor y, sobre todo, el reparto de órganos. La ley fue, sin duda,
el mejor telón de fondo para el vertiginoso ascenso de los trasplantes.



NO cabe duda de que España está, a día de hoy, a la cabeza del mundo en trasplantes y no sólo por su elevado número de donaciones -que confirma la solidaridad de los ciudadanos-, sino por su transparencia, su eficacia y su profesionalidad. Mucho se ha especulado sobre los motivos que han provocado este colosal despegue en sólo treinta años. Contribuyeron muchos factores: la singularidad del sistema sanitario español -igualitario y universal-, una gran hornada de profesionales muy bien preparados que centró sus esfuerzos en los trasplantes, y la recién estrenada democracia. Pero si hubo algo que hizo posible el espectacular desarrollo de las donaciones de órganos y, por ende, de los trasplantes fue la cobertura legal a este tipo de intervenciones. El 27 de octubre de 1979 se promulgó una ley con la que se regulaba la actividad trasplantadora en España y que estaba inspirada en la francesa. Tan acertada y visionaria fue esta normativa que sigue vigente sin modificaciones treinta años después. Rafael Matesanz, coordinador nacional de trasplantes, hace hincapié en este punto: “La ley ha sido una gran bendición para todos: los médicos, los ciudadanos, los donantes,… y en ella hay que buscar a la responsable de la situación actual de los trasplantes”. Juan Carlos Robles, el coordinador de este área en el Hospital Reina Sofía, tampoco ahorra en elogios para esta ley: “Nos ha ofrecido muchas facilidades y ha demostrado que está a la altura de los requerimientos de la sociedad. Es un alivio tener una normativa tan precisa y tan humana”.
La ley de 1979 -acompañada por decretos que la van desarrollando- aborda con absoluta precisión asuntos de tanto calado como la obtención y la utilización clínica de órganos, las garantías de confidencialidad de los datos de donantes y receptores y los requisitos que deben cumplir los hospitales para llevar a cabo este tipo de intervenciones. Es una normativa valiente, clara y moderna, que se posiciona con firmeza ante los asuntos más comprometidos, pero ¿cuáles son esos puntos que hacen de esta ley una de las más transparentes y efectivas del mundo?


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Establecimiento de la muerte encefálica como punto de partida para la donación. La vida reside en el cerebro y cuando éste deja de funcionar, el paciente está científica, ética y legalmente fallecido.
3


El diagnóstico de la muerte encefálica se hará siempre por unos médicos independientes a los del trasplante.

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Respeto absoluto a la voluntad del fallecido en cuanto a donar sus órganos. El principal problema es que el 90% de la población jamás se posiciona en este tema. Los médicos recomiendan que hagamos públicas nuestras opiniones al respecto.9
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Carácter altruista de la donación. Nadie puede pedir dinero ni recibir compensación económica por entregar los órganos propios -en el caso de donante vivo- o de un familiar fallecido. No se le puede poner precio a un riñón, a un hígado o a un pulmón. España persigue con dureza la comercialización de órganos.4


Garantía del anonimato de los implicados. Así lo establece la ley: la identidad del donante fallecido y también la del receptor deben permanecer siempre en secreto para evitar lazos obsesivos y dependientes entre las dos familias.


Aplicación de criterios médicos para la distribución de los órganos entre los enfermos en lista de espera. Es decir, el reparto de órganos es transparente, justo y atiende únicamente a factores médicos: compatibilidad con el receptor, gravedad del paciente…



Como consecuencia lógica del punto anterior, queda expresamente prohibida la petición pública de un órgano para un trasplante. Esta práctica no sólo da una imagen caótica y desorganizada del sistema sanitario sino que además, es inútil porque los órganos se reparten de forma justa, equitativa y transparente.



Posibilidad de hacer trasplantes de órganos incompletos. Es decir, se permite la donación de un trozo de hígado adulto para un niño o de un lóbulo de pulmón para un paciente en edad pediátrica.



En la donación de personas vivas, se exige que la persona que va a entregar un órgano -en este caso un riñón o un segmento de hígado- sea mayor de edad y goce de plenas facultades mentales y de un estado de salud adecuado. Además, se requiere previa información de las consecuencias de su decisión, debiendo dar su consentimiento de forma expresa, libre, consciente y desinteresada.



En los trasplantes entre personas vivas, los menores de edad no pueden donar órganos.




EL CONSENTIMIENTO PRESUNTO


El consentimiento presunto es uno de los puntos más delicados de esta ley porque convierte en donantes a todos los ciudadanos, a no ser que se hayan negado expresamente a entregar sus órganos tras la muerte. Es decir, según este artículo -recogido en la Ley 30/1979-, todo el mundo sin excepción es donante si no ha dejado establecido en su vida lo contrario. La aplicación de este punto evitaría una de las causas más importantes de la pérdida de órganos: la negativa familiar.
Sin embargo, esta posibilidad es más teórica que real porque al final prevalecen los deseos de la familia. Es decir, para saber la opinión del fallecido con respecto a la donación hay que consultar obligatoriamente a su entorno familiar. Por lo tanto, y a efectos prácticos, son los parientes los que deciden si se entregan o no los órganos.



 
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